En su libro Cappitalismo: la uberización del trabajo, la antropóloga Natalia Radetich hace un análisis sobre los impactos sociales que está teniendo la falta de regulaciones de las apps.
“Estamos volviendo al siglo XIX, con condiciones de trabajo similares a las que se vivieron en la génesis del capitalismo industrial, de obreros sin derechos” compartió la antropóloga e investigadora Natalia Radetich en la presentación de su libro
Después de tres años de investigación, Radetich publicó este texto donde hace una crítica al capitalismo de plataformas, también conocidas como gig economies o siliconización del mundo.
Decidió utilizar el concepto la uberización del trabajo porque “Uber es un caso símbolo de nuestros días. Así como Ford lo fue en su momento, hoy Uber constituye un símbolo de lo que somos”.
Aunque tomó como caso de estudio a la popular plataforma de movilidad, cuando habla sobre los conceptos que propone, cappitalismo y appropiacón, hace referencia a todas las aplicaciones que ofrecen plataformas digitales para el trabajo informal.
“Si Uber desapareciera o quebrara mañana, su herencia ya está actuante en nuestra sociedad (...) el paradigma de la uberización está ya en operación en nuestras sociedades contemporáneas”, escribió.
Este modelo está expandiéndose y cada vez son más las empresas que tienden a adoptar lineamientos generales de la uberización. No solo en el sector de la movilidad, también está presente en el sector de la hotelería, como es el caso de Airbnb, limpieza del hogar, como Zolvers, o servicios de cuidado personal, como Glitzi.
A lo largo de 15 capítulos, Radetich hace un minucioso análisis antropológico sobre los impactos que está teniendo la uberización del trabajo en la sociedad. En su presentación destacó cuatro rasgos:
La empresa con la mayor cantidad de trabajadores del mundo, no tiene “empleados”
Uber, compañía cuya sede se encuentra en San Francisco, cuenta con aproximadamente cuatro millones de socios conductores en 10,000 ciudades alrededor del mundo .
Esto, en teoría, posicionaría a Uber como el mayor empleador del mundo, por encima de Walmart (2,300,000 empleados) y Amazon (1,541,000 empleados). Sin embargo, la plataforma no reconoce a los conductores y repartidores como “empleados”, sino como “socios”.
Incluso, los términos y condiciones de la aplicación Didi empiezan diciendo: “No existe relación laboral alguna, directa o indirecta, entre la compañía y los conductores, por lo que no serán aplicables las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas en materia del trabajo ni de seguridad social, tales como la Ley Laboral, Ley del Seguro Social, sus Reglamentos y demás legislación aplicable”.
Esto significa que, al igual que el caso de Uber y otras plataformas de movilidad, solamente aceptan los términos y condiciones para tener acceso y uso de la plataforma, más no son reconocidos como empleados de la empresa.
Pero, si Uber un día decidiera desactivar su plataforma, en el instante se quedarían sin trabajo cerca de cuatro millones de personas alrededor del mundo, de modo que la vida de millones de personas depende de una plataforma tecnológica sobre la cual ni los trabajadores, ni los gobiernos de los países involucrados en el “sistema Uber” tienen ningún tipo de control e incidencia.
2. La appropiación de las infraestructuras públicas
Uber no paga impuestos. Los impuestos que debería pagar, lo están pagando los conductores.
Radetich menciona que en la economía de plataformas es muy habitual que las empresas elijan paraísos fiscales para radicar en ellos sus sedes tributarias y evitar así pagar impuestos en los países donde operan.
Por ejemplo, Netflix tiene su sede tributaria en los Países Bajos. Facebook y Airbnb, en Irlanda. Amazon, en Luxemburgo.
El domicilio fiscal de la plataforma de Uber se encuentra en los Países Bajos, considerados un paraíso fiscal según la lista de la Red de Justicia Fiscal y, de acuerdo con los criterios de Oxfam, son el “segundo paraíso fiscal más agresivo”, solo después de las Islas Bermudas.
Sin embargo, aunque la plataforma no paga impuestos en los países en los que opera, hace uso de las infraestructuras públicas de los países que han sido construidas con recursos públicos, desgastando el espacio vial y las infraestructuras urbanas de cientos de ciudades alrededor del mundo, contribuyendo a la ampliación del parque vehicular, al aumento de tráfico y contaminación, sin hacer ninguna retribución fiscal.
Básicamente, Uber y otras plataformas similares utilizan las calles, la señalización, la policía de tránsito, los espacios públicos, pero no contribuyen a ellos y su mejoramiento y, además, se llevan las ganancias fuera.
3. Empleados sin derechos
Por no ser reconocidos como empleados, sino como socios, en la uberización “los derechos laborales han sido sustituidos por ofertas a los trabajadores”
Por ejemplo, en Uber Driver, la app con la que el conductor trabaja, hay una sección que ofrece a los trabajadores distintos “niveles” de ofertas y descuentos, como descuentos en universidades privadas, gimnasios, aseguradoras, bonificaciones en gasolineras y supermercados, acceso a créditos, entre otros.
“De este modo, los que deberían ser derechos sociales y laborales se convierten en mercancías. El trabajador, en vez de ser un sujeto de derechos colectivos, se convierte en un consumidor endeudado”, explica Radetich.
Así, en lugar de pagar un salario que permita la reproducción de la vida de los trabajadores, la app, además de organizar y vigilar el trabajo, estimula su endeudamiento.
Además, Radetich menciona que las apps no solo se apropian de la fuerza de trabajo, sino también de sus bienes y recursos. Para ser conductor de Uber, los trabajadores deben de tener su propio coche o alquilar uno. Y tiene que costear todos los gastos cotidianos: pagar gasolina, mantenimiento del carro, limpieza de vehículo, y su propio smartphone.
“Así, trabajadores informales y con pocos recursos financian a grandes corporaciones multinacionales, las subsidian poniendo parte de los medios de trabajo que ellas usufructúan”, escribió.
4. Yo pongo la plataforma, pero tú todo lo demás
Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no es propietaria de ningún vehículo. Airbnb, el proveedor de alojamiento más grande del mundo, no posee bienes inmuebles. Las empresas de plataforma han logrado construir monopolios globales sin poseer una infraestructura propia.
Lo único que sí poseen es la app; tienen la propiedad y el control de los códigos informáticos. “De este modo, las corporaciones del capitalismo digital cargan al bolsillo de los trabajadores los costos de la infraestructura offline que requiere la producción (autos, motos, bicicletas, bienes inmuebles, teléfonos, entre otros) y al tiempo de que se liberan de esos costos, tienen la propiedad de la infraestructura digital online”, escribió Radetich.
Pero, ella defiende que si bien se ha afirmado que las empresas de plataforma son simples propietarias de la interfaz, es cierto que dependen radicalmente de ese “mundo offline”
“No solo te pago con un salario insuficiente, pero te endeudo a través de la propia tecnología con la que trabajas”, mencionó Radetich.
Un largo trayecto para la justicia
Aunque el libro terminó de escribirse en 2021 y han habido mesas de diálogo entre las corporaciones, gobiernos y socios, Radetich sostiene que aún seguimos “mal parados” y que, para cambiarlo, hacen falta dos cosas principalmente:
La primera es una legislación que otorgue todos los derechos laborales que sostienen a estas empresas. La segunda, es la vía fiscal. “Estas empresas tienen que pagar impuestos y hacer aportes fiscales. Están usando nuestras infraestructuras, construidas con recursos públicos, sin hacer aportes fiscales. No puede ser que los trabajadores estén pagando IVA e ISR y que ese pago de impuestos no les de derechos. Es la Meca de la injusticia”.
Por otro lado, algo que Radetich reconoce que ha cambiado es que, así como en el siglo XIX surgieron los sindicatos, también en la actualidad están surgiendo grupos de personas movilizándose. Entre algunos se encuentran el Sindicato de la Unión de Trabajadores de Apps Móviles (SUTRAM), y la Unión Nacional de Trabajadores por Apps (UNTA).
Estos grupos elaboraron el “Manifiesto del piso mínimo de las trabajadoras y los trabajadores de plataformas digitales”. En dicho documento, se plantean propuestas para integrarse a la Ley Federal del Trabajo para proteger y garantizar los derechos humanos de los trabajadores de plataformas móviles.
Entre algunas de las propuestas se encuentra que se reconozcan como “trabajadores de plataformas digitales” y se contabilice su tiempo de conexión.
Además, señalan que el se debe de fijar un salario por día, por orden de trabajo, por tiempo de conexión, por boletos vendidos o por kilómetros recorridos, así como otorgar a los trabajadores las herramientas de trabajo necesarias para operar.
Este manifiesto fue entregado a la Secretaría del Trabajo en octubre del año pasado y su titular, Luisa Alcalde Luján, ha dicho que presentarán una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para que se regularice la situación de alrededor de 500,000 trabajadores que laboran en este sector.